El primer minuto del 4 de abril dieron inicio oficialmente las campañas electorales que concluirán el próximo 6 de junio cuando se lleve a cabo la elección más grande en la historia del país, donde se votará por 3,501 puestos de elección popular, entre ellos 15 gubernaturas, 1,923 alcaldías, 500 diputados del Poder Legislativo federal y otras 563 curules en 30 entidades.
Solamente el fin de semana, del 2 al 4 de abril se presentaron 9 incidentes con candidatos a distintos cargos. Ejemplo de ello es en Colima donde fue amenazado un candidato a diputado y en Oaxaca un acto de campaña fue interrumpido por un grupo armado.
La vigilancia de las campañas será encabezada por el Instituto Nacional Electoral (INE), y también la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), institución que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes velarán por que, no se cometan delitos electorales.
Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó en un comunicado que todos los candidatos deberán omitir hablar o hacer propaganda con temas como los programas sociales y usarlos con fines electorales, porque ameritaría prisión preventiva oficiosa y pagar multas proporcionales al delito.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, los candidatos y los partidos políticos tienen varias prohibiciones que acotan el proselitismo que pueden realizar. Por ejemplo, no pueden realizar ningún tipo de promoción en el extranjero, y tampoco pueden comprar espacios en radio y televisión ni en México, ni en otros países.
Tampoco se podrá ofrecer dinero o productos en especie a cambio de votos, ya que se sancionará con multas de hasta 8,962 pesos, y penas de entre seis meses y tres años de prisión, según la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Otras de las restricciones son:
- Recoger credenciales para votar
- Prometer algún tipo de contraprestación para apoyar a algún candidato
- Amenazar con suspender los programas sociales como forma de coacción
- Uso de recursos públicos con la finalidad de incidir en el electorado
Los recursos públicos en general, sin importar que se trate de fondos que integran los programas sociales, tampoco pueden ser utilizados en apoyo o perjuicio de ningún candidato, partido o coalición, pues además de que hacerlo es un delito electoral, los servidores públicos que realicen esta conducta también pueden ser acusados de peculado.
Sobre el tema, el presidente López Obrador aseguró que ya dentro de la veda electoral, se suspende la presentación de los videos sobre avances de obras en su conferencia matutina e informó que los temas que tocará son: corrupción, salud, educación, seguridad y protección civil.
“Sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios (…) hablo del conservadurismo porque además no tiene partido (…) A todos nos importa que haya democracia, todos los gobernadores firmaron un compromiso en favor de la democracia, y tenemos que ayudar para que haya democracia y denunciar a la Fiscalía, sea quien sea”, dijo.
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