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Jóvenes Construyendo el Futuro; “benefició” a muertos, sin control y duplicidad
Economía

Jóvenes Construyendo el Futuro; “benefició” a muertos, sin control y duplicidad

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal y tiene como objetivo entregar ayuda económica directa a jóvenes de entre 18 y 29 años para que aprendan un oficio en un centro de trabajo.

La Auditoría Superior de la Federación, en su revisión de 2019 encontró que dicho programa entregó apoyos a personas fallecidas, duplicó apoyos al repartir recursos a personas que ya estaban en otros programas y carece de mecanismos de control.

Entre más irregularidades están, domicilios inexistentes o abandonados, sin documentación que acredite el oficio o la entrega de la ayuda económica.

En 2019, dicho programa contaba con un presupuesto de 40,000 millones de pesos, de los cuales se usaron 23,520 mdp a través de la Secretaría del Trabajo, dependencia que no “delimitó” ni “conceptualizó con claridad” su estrategia e incluso su responsable operativo.

El programa atendió a 1 millón 120,000 jóvenes en 195,000 centros de trabajo, pero detectó falta de transparencia en la “información de los beneficiarios del programa”, y consideró que “los sistemas de información y control interno de la entidad fueron insuficientes y representaron un riesgo para el otorgamiento de los apoyos económicos a la población objetivo.

Para finales de ese año, 745,000 jóvenes pertenecían a algún centro de trabajo, sin embargo, no se acreditó el mecanismo para evaluar y asegurar que los egresados adquirieron o fortalecieron sus habilidades técnicas y/o socioemocionales señaladas en las constancias de capacitación.

“No fue posible conocer el impacto de los beneficios de la capacitación acompañada de becas y seguridad social, la atención al problema identificado y el cumplimiento del objetivo del programa”, dice el informe.

Uno de los casos curiosos detectados por la ASF es que no se verificó ni dio seguimiento al desempeño de 68 jóvenes inscritos que recibieron becas que en conjunto representaron transferencias bancarias por 482,000 pesos. Al revisar sus perfiles, los nombres pertenecen a personas que ya habían fallecido y por lo tanto, la STPS tampoco aportó información, ni documentación que pruebe que recuperó el dinero entregado ni se conocen los procedimientos o mecanismos que utilizará para asegurar el reintegro de los recursos públicos a las arcas del Estado.

“Los Centros de Trabajo son los responsables de desvincular a un beneficiario en caso de no cumplir lo establecido en el Plan de Capacitación, o en caso de situaciones extraordinarias tales como el fallecimiento de un becario”, respondió la dependencia.

Por otra parte, la Auditoría señaló que otro probable daño al erario público es por la duplicidad de beneficiarios, pues 48 millones 628,000 pesos de pagos realizados a 3,188 becarios, estos estaban recibiendo al mismo tiempo apoyos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que permanecieran estudiando en una escuela o los 2 millones 584,000 pesos en pagos a 183 beneficiarios que ya estaban recibiendo dinero del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

Otras irregularidades halladas en 2019 corresponden a becas entregadas a más de 35,000 personas que no cumplían con los requisitos, pagos improcedentes por 6 millones 960 mil pesos a 736 beneficiarios mayores de 29 años (edad máxima para ser becado) y falta de documentación que compruebe el pago a 475 beneficiarios por 9 millones 523,000 pesos.

SERVIDORES DE LA NACIÓN

El Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019 revela que más de 18,000 funcionarios que se acreditan como ‘Servidores de la Nación’, son pieza clave para los programas sociales del actual gobierno. Sin embargo, hay irregularidades en las nóminas de estos y en su estructura, ya que, en 2018 fungían como operadores electorales de Morena y posteriormente fueron incorporados a la estructura de la autodenominada ‘Cuarta Transformación’ y respondiendo a los ‘superdelegados’ que operan en los estados.

La ASF informa que la estructura denominada ‘Servidores de la Nación’, tiene irregularidades por 561 mdp y la Secretaría de Bienestar (que opera la estructura), “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.

Entre sus observaciones halladas están: falta de justificantes para pagos de nómina, inconsistencias en sus bases de datos, CURP duplicados, CLABES personales únicas asociadas a varias personas, reportes injustificados de percepciones y nóminas por 321 millones 90,000 pesos que inicialmente fueron contratados por honorarios.

Respecto al Censo del Bienestar, hay “deficiencias en su diseño e implementación”, e incluso no podría calificarse como censo, debido a que no se levantó información real del total de viviendas en ninguno de 2,457 municipios del país. Ejemplo de ello son decenas de municipios donde hubo más personas “censadas” de las que realmente habitan en ellos, o sea que las cifras fueron “sobreestimadas”, en algunos de ellos hasta seis veces más.

En total, la Auditoría Superior de la Federación establece un monto por comprobar de 3,040 millones 583,962 pesos.

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